El país cuenta con el primer Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector de los Recursos Hídricos (PACC-RH), el cual consta de 10 medidas y 35 acciones valorizadas en 87 millones de dólares para avanzar en seguridad hídrica en consumo humano, preservación ecosistémica, actividad productiva sostenible y resiliencia frente a los eventos extremos tales como sequía, inundación y afectación de la calidad de las aguas.
La iniciativa, liderada por la Dirección General de Aguas del MOP y que contó con la contribución del Ministerio del Medio Ambiente como contraparte técnica, el apoyo de la FAO como agencia implementadora, la Subsecretaría de Hacienda como autoridad nacional designada y el financiamiento del Fondo Verde para el Clima a través del Proyecto Readiness, se encuentra en la Contraloría General de la República para la toma de razón.
En una jornada de difusión del Plan con más de 360 personas de forma presencial y vía streaming desde el Palacio Pereira, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas destacó que la Ley N°21.455 Marco de Cambio Climático promulgada en mayo de 2022, en la cual se encuadra el Plan de Adaptación al Cambio Climático en Recursos Hídricos, y la reforma al Código de Aguas de abril de 2022, dieron al país una institucionalidad robusta para enfrentar la crisis climática. “Y que esta esta institucionalidad robusta no solamente es necesaria, sino que es una responsabilidad del Estado para asegurar que los chilenos y chilenas vivan mejor, estén mejor preparados frente a la crisis del cambio climático y de esa manera poder darle bienestar y prosperidad al país. Esperamos la toma de razón para comenzar a implementar el Plan y asegurar la seguridad hídrica al país”, comentó la ministra Rojas.
A su vez, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, señaló que el PACC-RH no podrá ejecutarlo por sí solo la DGA del MOP, puesto que por su naturaleza requiere una participación interinstitucional y el involucramiento de múltiples actores. “Identificamos esquemas de participación público-privada y el desarrollo de una cartera de inversión con potencial involucramiento del sector privado. Este trabajo es clave para la adaptación del cambio climático en recursos hídricos, porque implica inversiones bien significativas. Muchas de ellas de carácter estructural y de largo plazo, por tanto, necesitamos combinar fuentes de financiamiento, generar incentivos adecuados y reducir la brecha de información y riesgo que hoy limitan la participación privada”, mencionó la subsecretaria.
En representación de FAO Chile, el oficial de FAO para Sistemas Alimentarios, Joao Intini, manifestó que “este plan es una herramienta clave para reducir riesgos y avanzar hacia una gestión del agua más resiliente frente a sequías, inundaciones y otros efectos del cambio climático. Desde la FAO seguiremos apoyando a Chile con nuestras capacidades técnicas para fortalecer la seguridad hídrica y promover una gestión sostenible del recurso, trabajando de manera conjunta con el Estado, la academia, el sector privado y los territorios”.
El director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, expuso que las 10 medidas y las 35 acciones asociadas a ellas, tienen un costo preliminar de ejecución de 84 mil 795 millones de pesos. Las principales inversiones corresponden a estaciones de monitoreo, iniciativas para servicios sanitarios rurales y elaboración de los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas (PERHC) a ejecutar en un plazo de 5 años.
Sanhueza mencionó que “este plan es el resultado de más de dos años de trabajo técnico y participativo. Se trata de un instrumento robusto, construido junto a las regiones, con actores productivos, comunidades y grupos vulnerables, que busca garantizar un mejor acceso y gestión del agua para todos sus usos. Además, incorpora una mirada muy clara sobre cómo nos preparamos frente a los efectos del cambio climático, como la sequía o los eventos extremos. No se trata de evitar que ocurran, sino de estar mejor preparados, fortaleciendo nuestra infraestructura y nuestras capacidades para que sus impactos sean menores para las personas y los territorios.”
Avances del Plan
El director general de Aguas, indicó que el Plan ha ido avanzando en su ejecución, puesto que incluye iniciativas cuyo desarrollo están cubiertas por el financiamiento del Fondo Verde del Clima y otras acciones que están insertas en las tareas de línea de la DGA.
Uno de estos avances es la elaboración de indicadores de seguridad hídrica a nivel de cuenca para apoyar la toma de decisiones sobre la adaptación del sector de los recursos hídricos al cambio climático. Los indicadores de seguridad hídrica se entienden como variables que se evalúan para determinar la capacidad de una cuenca para asegurar el acceso sostenible al agua en cantidad y calidad aceptables para el consumo de las personas, ecosistemas, producción de alimentos y otras actividades productivas, y al mismo tiempo, para enfrentar sequías, inundaciones y contaminación.
También se está trabajando en la generación de una estrategia para que el sector privado financie acciones para operar en un contexto de cambio climático, para el cual se han realizado entrevistas, encuestas y talleres a actores claves del rubro. Además, está en curso un análisis del desempeño del Acuerdo de Producción Limpia Certificado Azul, instrumento voluntario mediante el cual las empresas pueden implementar acciones concretas de resiliencia para enfrentar los efectos adversos provocados por el cambio climático, y cómo esta herramienta se puede posicionar entre el empresariado. Por último, durante el segundo trimestre de este año se entregará el material informativo para la adaptación al cambio climático en la gestión de los recursos hídricos a nivel municipal.
Precisamente, sobre estos avances, la jornada de difusión del Plan incluyó tres paneles para conversar sobre estas materias. En el panel “Medir para decidir: Indicadores de seguridad hídrica por cuenca”, José Luis Arumí, investigador principal del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CHRIAM), indicó, a modo de ejemplo de cómo funciona un indicador, que “cuando la DGA declara un decreto de escasez hídrica, es en base a cuánto llovió y se usa el indicador reconocido a nivel internacional índice estandarizado de precipitaciones”.
En el segundo panel “Del riesgo a la resiliencia: alianzas por la seguridad hídrica”,
Lorena Schmitt, presidenta ejecutiva de ANDESS, sostuvo que en todas las regiones las sanitarias
tienen complejidades de adaptación a la crisis climática y apeló a las alianzas público-privada
para enfrentarla, destacando las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos (MERH) como un espacio
de diálogo para avanzar en ello.
“Las personas usan el 11% de la torta total del agua, ese es el porcentaje que nos toca gestionar a las sanitarias en las zonas urbanas y a los APRs con aún mayor dificultad desde las fuentes. Dicho eso, me gustaría poner el acento en la gobernanza”. Agregando que “las MERH han sido instancias en que no sólo se han abordado los temas técnicos, que era precisamente lo que había que hacer, sino que se dio un espacio para abrir la conversación entre actores que no necesariamente conversan. Y todos estamos aquí de acuerdo en que tenemos que generar una mirada integrada de la cuenca. Nosotros como sanitarias estamos totalmente disponibles a hacer esta mirada, porque necesitamos ponernos de acuerdo y la gestión para asegurar el consumo humano, que es el centro de nuestro actuar. Y no sólo desde el agua potable en cantidad y calidad, sino también el saneamiento, que es la política pública más relevante que se ha tomado en los últimos 30 años y que nos permite tener la calidad de vida que tenemos hoy y eso también tiene que ser mirado desde la cuenca”.
Y en el tercer panel denominado “Gobernanza local del agua: Formación de capacidades”,
Carolina Carrasco, presidenta del APR Santa Inés de Pataguilla en Curacaví y directora de la
Asociación Gremial de APR de Melipilla, señaló que hoy en día la responsabilidad sobre las aguas
servidas la tienen los municipios en la ruralidad, pero que están disponibles para asumir esa
responsabilidad una vez que el Estado realice la inversión en plantas de tratamiento eficientes.
“A nosotros nos interesa tener un medio ambiente limpio, que exista agua en disposición para
mantener cantidad, calidad, continuidad y universalidad para todos nuestros vecinos y vecinas”,
expresó.
Asimismo, recalcó que los APR no tienen la capacidad económica para hacer nuevos sondajes profundos en acuíferos donde el agua ha ido disminuyendo y que se requiere inversión colaborativa con el mundo rural, que el desplazamiento de la población a las zonas rurales y el uso de suelo agrícola para vivienda es una preocupación al igual que la falta de representación de los APR en los directorios de las comunidades de aguas.
Medidas y acciones
Las medidas del PACC-RH son fortalecer y/o desarrollar sistemas urbanos y rurales de agua (6 acciones), fortalecer la preservación y la conservación de cuerpos de agua que sustentan ecosistemas terrestres y acuáticos frente a los desafíos del cambio climático (3 acciones), promover el uso sustentable de las aguas superficiales y subterráneas en el sector productivo frente a los desafíos del cambio climático desde un enfoque de la gestión integrada de recursos hídricos (4), robustecer el sistema de monitoreo y seguimiento de condiciones ambientales e hidro climáticas y la prevención y preparación ante el cambio climático con enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres (6 acciones), promover modificaciones y adecuaciones normativas e institucionales en la gestión y planificación de recursos hídricos hacia la resiliencia climática (4 acciones).
Además de robustecer la planificación territorial en materia de aguas nacionales y transfronteriza (6 acciones); fortalecer las capacidades adaptativas y de resiliencia en el ámbito hídrico a través de difusión, educación y capacitación con enfoque de género (2 acciones); fomentar la investigación, innovación, generación y transferencia de conocimiento y saberes en materia de recursos hídricos, cambio climático y reducción del riesgo de desastres (3 acciones); promover la cooperación del sector privado en el financiamiento de acciones resilientes para la gestión de recursos hídricos (1 acción).
